La Unidad Técnica aplicará metodologías integrales para la gestión de proyectos piloto en territorios prioritarios en materia de violencia.
El Gobierno de la Ciudad de México hizo oficial la firma de un decreto por medio del cual se estableció la creación de la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias, un nuevo estamento de la ciudad que contempla proyectos de participación ciudadana en territorios con mayor incidencia delictiva.
Durante la firma del establecimiento de este nuevo organismo, el jefe de Gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera Espinosa, insistió en la importancia que tiene construir y consolidad una mejor política, ya que ésta tiene en las tareas de prevención de la violencia y el delito.
“Nosotros creemos que hay que poner mayor énfasis en la prevención, estamos convencidos. Si en alguien confiamos para las labores de buen gobierno, tiene que ser en un cuerpo efectivo, confiable y capacitado”, agregó Mancera.
El Mandatario, destacó que la creación de la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias es un gran paso para la Ciudad, puesto que permitirá al gobierno capitalino, instituciones, academia y sociedad, establecer sinergias para “atender causas y luchar desde la prevención. Eso es una fórmula que hoy está presentando la Ciudad de México y yo creo que nos va a dar muy buenos resultados”.
El convenio, establece un punto básico en el que se destaca la participación ciudadana y el diálogo, objetivos base a los que les apuntarán principalmente con el sector de la juventud, grupo social que reflejan una baja notable en conductas de violencia.
“Construir una sociedad mucho más armónica, con más tejido social, más solidaria es importante y sí, hay que atender las causas en cualquier lugar. Si no llevamos desarrollo e infraestructura, pareciera que los estamos condenando a vivir en el mismo esquema de siempre y eso no puede ser”, finalizó Mancera.
Actualmente, la Ciudad de México avanza en un grupo de planteamientos por medio de los cuales buscan que sea revisada la resolución de libertad provisional de delitos que ahora no se consideran graves, dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
