La defensa de una reserva natural en la ciudad de Manizales por parte de colectivos ciudadanos y ambientales, ha llevado a que el Concejo de la ciudad niegue inicialmente la autorización para construir un proyecto urbanístico de 2.000 viviendas cerca de la reserva. La polémica está servida mientras la ciudadanía ejerce su Derecho a la Ciudad.
Relata la historia que los señores Manuel Grisales y Joaquín Arango lideraron en 1849 un grupo de colonos aventureros y arrojados que hizo posible la fundación de un pueblo al que bautizarían Manizales, en alusión al riachuelo del mismo nombre cercano al poblado. “A golpes de hacha, derribando montañas, sometiendo a la naturaleza, enfrentándose a las dificultades del terreno, hombres intrépidos hicieron una pequeña explanada por los lados de lo que es hoy el Parque de Bolívar”, narra el escritor José Miguel Alzate.
Ese pueblo levantado sobre una colina áspera hoy es una ciudad con cerca de 400.000 habitantes y con los mejores indicadores de desarrollo y progreso social entre las principales ciudades de Colombia. Es una sociedad ejemplar volcada en el interés de promover la educación, el conocimiento y ser identificada claramente como una ciudad universitaria.
Pero la vida sosegada y tranquila de sus habitantes ha tenido en las últimas semanas una enorme ebullición y movilización ciudadana como no se veía en años. Y todo por la defensa de las zonas verdes de la ciudad, en este caso de la Reserva Río Blanco, para muchos amenazada por un proyecto de construcción de más de 2.000 viviendas llamado Tierraviva Biociudadela.
Según Luis Fernando Acebedo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, toda esta historia inició en el año 2003 con la primera revisión que se hizo del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales formulado en 2001. En ese entonces se debatió la ampliación de las zonas de expansión de la ciudad. Y una de esas áreas aprobadas fue la finca La Aurora, una zona de 56 hectáreas que queda en terrenos aledaños a la Reserva Natural Río Blanco, un ecosistema estratégico de casi 5.000 hectáreas que conecta con el Parque Nacional Natural Los Nevados.
Para aquella época el dueño del predio de La Aurora y uno de los principales constructores de la ciudad comenzaron el diseño de un proyecto que se vería legitimado por el Plan Parcial. Según la Ley 388 de 1997, el suelo de expansión se tiene que desarrollar mediante este instrumento y hasta que no se cumpla con este proceso no se pueden dar actuaciones de urbanización. El Plan Parcial de 12.5 hectáreas fue aprobado por la Secretaría de Planeación de la ciudad y ello da sustento al proyecto habitacional que pretende intervenir 7 hectáreas con construcción por parte de las empresas Constructora Felipe Calderón y Asociados CFC&A y Vélez Uribe Ingeniería.
Defensa ciudadana
Ante este proyecto de urbanización y su cercanía a la Reserva Natural, la ciudadanía conformó inicialmente un colectivo llamado Todos Somos Río Blanco, que enfiló sus baterías en contra del proyecto por considerar que la actividad humana cerca de la reserva afectaría la vida de la fauna y la desplazaría más al interior, generaría un efecto de “isla de calor” que modificaría el clima de la zona, aumentaría la contaminación con dióxido de carbono y además pondría en riesgo el recurso hídrico del ecosistema.
Pero lo cierto es que desde el punto de vista legal y ambiental, el proyecto Tierraviva cumple hoy con la ley. Para Angélica María Orozco Giraldo, gerente de Camacol Caldas –gremio de los constructores-, el proyecto “ha cumplido con todas las normas establecidas” y el “Plan Parcial viene desde 2011 concertándose y tiene todos los estudios técnicos.” Para ella además el proyecto Tierraviva tiene fuertes componentes ecológicos y “generará 18 metros cuadrados de espacio público por habitante”, cuando la ciudad de Manizales tiene solo entre 5 o 6 metros cuadrados por habitante. Es ante estos argumentos que el gremio apoya la obra, dice Orozco Giraldo.
Sobre los argumentos de los ambientalistas y defensores de la reserva, la gerente de Camacol tiene una mirada distinta del problema. “Realmente lo que está matando a la reserva es la ganadería que se está promoviendo en las zonas altas. Hay investigaciones de Corpocaldas que evidencian esta problemática”, añadió.
Camilo Vallejo Giraldo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, una organización de veeduría ciudadana independiente y que hace seguimiento a la contratación pública, avala buena parte de los argumentos del gremio. “La urbanización no tiene ninguna ilegalidad. Los constructores han llegado hasta el punto y hasta donde la norma les ha permitido llegar”. Pero sí llama la atención sobre dos asuntos, el primero técnico: ha habido “mucha deficiencia de las autoridades ambientales y no saben muy bien cuál es el impacto ambiental de este proyecto sobre la reserva. Ni los ambientalistas tampoco lo saben. Los únicos estudios que hay son los de la constructora”. Y un segundo tema, ético: en el proyecto si “hubo un conflicto de interés o un tema que no es muy presentable y es que el dueño del terreno hacía parte de la junta directiva de la Corporación Autónoma y aunque no tiene participación directa en la aprobación del Plan Parcial, se ve mal.”
Concejo frena el proyecto
Gracias a la movilización ciudadana, el Concejo de Manizales abrió la discusión del tema en coincidencia con el debate del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Por ello se celebró el pasado mes de junio un Cabildo Abierto durante dos días, donde se expusieron todos los argumentos en favor y en contra del proyecto. Semanas después del Cabildo, el Concejo decidió negar la autorización, en primer debate, de las zonas de expansión Veracruz y La Aurora. En estas áreas justamente se pretende construir la urbanización Tierraviva.
Para el profesor Luis Fernando Acebedo, por primera vez el Concejo logra sobreponer los intereses públicos y colectivos a los intereses privados, especialmente frente a los desafíos del cambio climático. “Se está protegiendo la zona norte de esta ciudad, como la zona ecológica principal del municipio. Río Blanco se debe proteger y eso es lo que están pidiendo colectivos y organizaciones sociales. Esperamos que la plenaria del Concejo ratifique y le dé firmeza a esta decisión”, aseguró el docente.
Por su parte, Gonzalo Duque Escobar, docente de Ingeniería Civil de la U.N. y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, aplaudió esta decisión que representa un Sí a la biodiversidad, que ya expresaron además 10.500 manizaleños con sus firmas para rechazar la construcción de la urbanización Tierraviva, cerca de esta reserva natural. “Es una decisión importante e histórica, porque el POT, por ser a 12 años, incorpora decisiones cuyo alcance van hasta el 2029”, señaló el profesor.
Pero frente a esta decisión la ciudad quedó en un escenario inestable y complejo en opinión de Camilo Vallejo, de la Corporación Cívica de Caldas. “Quedamos en un limbo jurídico, porque hay unas licencias ambientales vigentes. Jurídicamente esta decisión del Concejo no revoca las licencias. Además es muy grave en términos de recursos públicos, porque el constructor podría pedir una indemnización, que saldría del dinero de los contribuyentes manizaleños.”
El tema de fondo: el modelo de ciudad
Pero no hay duda que más allá de la polémica, el tema más importante que debe dejar este debate público, es cómo se está planificando la ciudad de Manizales. La tendencia global de desarrollo urbano habla de construir ciudades compactas, que crecen hacia adentro, pero este enfoque no es posible para la ciudad, ya que está construida sobre una montaña.
“Manizales no puede densificar de la misma forma que otras ciudades del país por su cualidad de ciudad sobre montaña. Tenía antes de la decisión del Concejo 8 zonas de expansión en el POT. Las de más riesgo ecológico -las del Norte y Oriente- son las que están más cerca de la ciudad. Son aquellas donde todo es menos costoso (servicios públicos, conectividad, etc.). Quedan las del Occidente que son muy lejanas. Esto supone un reto muy grande. Si hiciéramos bien la planificación podríamos ser una referencia en términos urbanos.”, explica Camilo Vallejo, de la Corporación Cívica.
Para Angélica Orozco de Camacol Caldas, en el POT actual la ciudad debe ser compacta en ciertas partes y expandirse en otras. “De 8 áreas de expansión se retiraron 4. Son 414 hectáreas menos. Quedan solo 450 hectáreas de suelo de expansión, lo que es muy poco”
Para la dirigente “Manizales tiene un déficit en este momento de 16.000 viviendas, de las cuales 12.500 son déficit cualitativo y el resto cuantitativo. Es cierto que no estamos creciendo mucho, la tasa de natalidad es hoy de 0.4 por ciento pero nuestra creación de hogares está creciendo al 1.3 por ciento. Eso significa que necesitamos 1.300 viviendas al año. Necesitaríamos 260 hectáreas en los próximos 12 años y solo tenemos proyectadas 160. No alcanzaría”, precisa Orozco.
Pero el profesor Acebedo no comparte esta visión gremial. “Habría que precisar si la única alternativa viable de las ciudades es el crecimiento. Hay ciudades que están decreciendo. Las ciudades europeas son ciudades que no crecen, al contrario decrecen. Entonces la respuesta es que las ciudades no están hechas simplemente para crecer desde el punto de vista inmobiliario” sentencia.
Agrega que “en el contexto colombiano y de Manizales se está presentando una contradicción: la ciudad está decreciendo y está llegando al punto cero. Hace 10 años el crecimiento poblacional era de 1.2 por ciento y ahora estamos en 0.4 por ciento. ¿Qué explica que utilicemos el 70 por ciento del suelo urbano para expansión? Eso solo lo explica el desarrollo de un mercado inmobiliario artificial.”, argumenta.
Para Camilo Vallejo todo este episodio ha dejado una gran enseñanza: “Lo primero es la forma antitécnica como se han venido promoviendo las zonas de expansión, no sabemos con qué criterio. Casi que se declararon zonas de expansión a ojo. Nos hubiéramos evitado todo esto con un trabajo más técnico. Y segundo, creo que ha faltado mucho rigor por parte de las autoridades ambientales en definir el crecimiento de la ciudad y armonizar los usos del suelo.”
Mientras el Concejo toma en sesión plenaria una decisión definitiva sobre las zonas de expansión y el futuro del proyecto Tierraviva, el debate entre desarrollo y preservación natural sigue abierto. La ciudadanía activa ha demostrado que la movilización es útil y ha logrado promover una visión sostenible, pero la última palabra la tendrá en este episodio la justicia. Lo cierto es que la ciudad y sus habitantes están a tiempo de definir de manera coherente cuál debe ser su modelo de crecimiento futuro.
