Observatorio MuMaLa advierte que 80 % de mujeres víctimas de feminicidio no habían denunciado, y aislamiento las obliga a vivir con agresores.
“Hay un Estado ausente que está fallando en acompañar a las víctimas de violencia de género en el proceso de denuncia y todo lo que son los mecanismos de precaución”.
Esta es la descripción de lo que el Observatorio MuMaLa – Mujeres de la Matria Latinoamericana ‘Mujeres, Disidencia, Derechos’; denuncia es la situación actual sobre violencia de género en las ciudades argentinas durante la actual pandemia por COVID-19 que tiene, además, conviviendo a miles de mujeres con sus agresores y como parte de un problema común en la región.
“Las denuncias por violencia de género aumentan un 39 % en Argentina durante la cuarentena por el coronavirus y, desde que comenzó el confinamiento el 20 de marzo, se han producido 19 feminicidios”, indicó la ONU tan solo hace cinco días en sus medios oficiales.
Silvia Amelia Ferreyra, integrante de MuMaLa señaló a LA Network que según los registros que lleva el observatorio, el promedio nacional de ocurrencia de femicidio (en Argentina algunas organizaciones no usan el término ‘feminicidio’) cerró en 2019 con un caso cada 32-33 horas y actualmente ese indicador está en 29 horas.
A ello se suma la compleja situación que ha conllevado la lucha contra la pandemia por COVID-19 y sus medidas de aislamiento preventivo, las que han aumentado el reto de denunciar ante las autoridades los hechos que viene ocurriendo al interior de las viviendas.
“Tenemos muy claras las dificultades que se están viviendo en el marco de la pandemia, sobre todo lo que es el proceso de denuncia material de las situaciones de violencia. Tenemos un registro histórico en femicidios: hay un 20 % de víctimas que ya ha hecho denuncias, pero un 80 % que no había hecho la denuncia previa, aun teniendo situaciones de violencia”, advierte Ferreyra.
Según la activista, aunque la situación era la misma antes de la cuarentena, en la actualidad pocas mujeres se atreven a denunciar pues están viviendo con el agresor y las restricciones para acercarse a las autoridades, aumentan la dificultad. “Solo pueden hacer una llamada telefónica y se requiere acompañamiento material de la red de asistencia local”, precisa la integrante de MuMaLa.
Ferreyra indicó que apenas al inicio de la semana fue aprobada la posibilidad de que la víctima de agresión salga a realizar la denuncia acompañada de un familiar lo que tampoco garantiza acceso a la justicia ya que, denuncian, en la situación actual no todas las comisarias cuentan con fiscales que reciban el caso. “Eso estaba en los reclamos que le hicimos al Presidente de la Nación respecto a que todas las áreas y oficinas de violencia, funcionaran a nivel local y fueran consideradas como servicios esenciales y así garantizar la atención para el público”.
Ahora, ese acceso material a una denuncia se va diluyendo aún más a medida que la ciudad se hace más pequeña, aumentando la vulnerabilidad de la víctima y ocultando un grave problema social; en pocas palabras el acceso a la justicia solo es posible en las capitales de provincia, según explicó la integrante de MuMaLa al subrayar que también la Corte Suprema ha reclamado al poder ejecutivo “instrumentar mecanismos especiales de denuncia en las provincias”, y señaló que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres trabajan para que el gobierno precise esas herramientas ya sea a través de líneas telefónicas, correo electrónico, redes sociales, etc.
“Si bien en la región se han potenciado las líneas de atención de casos de violencia, estos han incrementado y lo femicidios no cesan. Se trata efectivamente de otra pandemia a atacar. Es fundamental tener datos disponibles, más refugios y protocolos específicos, apoyar a las organizaciones y redes de mujeres, y capacitar a la policía”, aseguró Florence Raes, representante de ONU Mujeres para Argentina y Paraguay.
En la actualidad, el Observatorio realiza la encuesta sobre ‘Tareas de Cuidado y Uso del Tiempo en tiempos de cuarentena’ que busca obtener datos relevantes sobre este tema y que, para la organización de defensa, tendría una clara incidencia en los casos de violencia.
La encuesta ya ha sido respondida a través de Facebook por cerca de 2 500 mujeres y estará abierta hasta el jueves 30 de abril.
Por último, Ferreyra alertó sobre tres preocupaciones más que existe en las distintas organizaciones.
La primera es por causa de los beneficios de prisión domiciliaria que se estaría otorgando a quienes hoy están en las cárceles por distintos delitos y que llevaría a los hogares a muchos agresores; segundo la lentitud de los jueces para emitir órdenes de restricción y protección y en tercer lugar la dependencia económica.
“Enviaremos una carta al presidente para que otorgue más presupuesto asistencial a las víctimas, ayuda directa a víctimas y familiares de víctimas porque ya llevamos un buen rato en aislamiento y muchas de las mujeres y los familiares no están trabajando y no tienen ingresos en sus hogares. Eso es un gran riesgo al momento de decidir qué hacer, porque las mujeres dependen totalmente del sustento de victimarios”.
