Amenazas, desapariciones forzadas, vinculación de niños y adolescentes al conflicto perpetuado por grupos guerrilleros, paramilitares, delincuencia común y bandas criminales, son algunas de las causas que explicarían el incremento de personas desplazadas que llegan hasta la capital de Antioquia. El reto sigue siendo consolidar políticas públicas que garanticen la inclusión social.
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Según la Personería de Medellín, entre mayo y julio se reportaron 2.349 víctimas de desplazamiento forzado provenientes de zonas como Quibdó, El Bagre e Ituango, lo que representa un incremento del 63 % con respecto a 2021, cuando se registraron 1.438 casos.
La profesora Mónica Uribe Gómez, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, considera el desplazamiento como una “tragedia humanitaria”, dado que “el hecho de tener que salir corriendo de tu lugar ya representa la ruptura de derechos fundamentales”.
Señala que este fenómeno ha permeado el país, y en el caso de Medellín “implica el aumento de los asentamientos irregulares, y por ende los servicios básicos insatisfechos. Se trata de una situación doblemente compleja para quienes llegan y para las administraciones de las ciudades que empiezan a habitar”.
La Personería de Medellín indica que las zonas de la ciudad que más acogen población desplazada son las comunas 13 (San Javier), 8 (Villa Hermosa), 1 (Popular) y 3 (Manrique).
Para Max Yuri Gil Ramírez, excoordinador Regional Antioquia – Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, “Medellín también es una ciudad expulsora de población: ha sido el emblema del desplazamiento intraurbano y la cara urbana de personas que deben abandonar sus barrios por los enfrentamientos de control de grupos armados ilegales”.
En ese sentido, aunque considera que la ciudad tiene “problemas” para recibir de manera digna a las víctimas del desplazamiento, afirma que ha sido precisamente esta situación la que ha hecho que Medellín implemente mecanismos institucionales y sociales para atenderla, aunque se superpone la necesidad de atención humanitaria de emergencia, sumada a las indicadores de pobreza e inequidad. Es un desafío, pero hay que hacerlo a mediano plazo”.
Al respecto, la profesora Uribe manifiesta que “se debe dar atención y protección para las personas que llegan, y garantizarles que mientras consiguen algún empleo puedan acceder a servicios básicos como vivienda y alimentación, o que sus hijos puedan ingresar a los colegios y a programas de restaurantes escolares. Esto significa un gran reto en el campo de las políticas públicas, y en especial en el de las sociales”.
Por su parte, el profesor Daniel Castaño Zapata, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, considera que “se trata de un asunto complejo, multicausal y multidimensional, y por lo tanto no se puede pensar solo legal o militarmente, por ejemplo, porque sí hay violencia, pero hay Estado, y si existe una estructura socioeconómica, la población no se desplaza”.
La docente Nubia Janeth Ruiz, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL Sede Bogotá, menciona que “el desplazamiento es un hecho violento que se comporta de manera cíclica dentro de la dinámica del conflicto armado que todavía enfrenta el país y que lo ha acompañado desde hace más de 70 años, afectando la condición económica de las zonas rurales y ambientales de algunos sitios en Colombia, además de la perspectiva de futuro de los jóvenes”.
Señala además que “la iniciativa de paz total anunciada por el actual gobierno depende de este concepto: si la propuesta actual está circunscrita en desarmar a la población civil, a los actores armados o a fuerzas paraestatales, es posible lograr una disminución de la violencia armada, pero no es suficiente”.
Según la académica, “en una amplia acepción de su definición, la paz total seguirá siendo una quimera mientras los territorios azotados por la guerra y entregados a las grandes corporaciones multinacionales –como Ituango y zonas de Antioquia como Urabá para la explotación minero-energética, de gas o petróleo, los monocultivos, el saqueo de la biodiversidad y el daño ambiental– sigan estando atravesados por la violencia y el acoso económico sobre la población”
El país debe pensar procesos piloto hacia la reconfiguración de territorios que, desde los procesos de apropiación comunitaria, con importantes recursos de inversión en tecnología, en capacidad técnica y financiera, se constituyan en espacios para la vida, que atraigan a los jóvenes y que permitan mitigar el desplazamiento forzado, poniendo a prueba formas comunales de construir paz.
Con información de la Agencia de Noticias Universidad Nacional
