En América Latina y el Caribe, el debate acerca de la pertinencia de la gobernanza ha tenido características diferentes a otros espacios geográficos como el europeo en virtud de la madurez institucional y su nivel de desarrollo económico y social, razón por la cual es necesario entender que está nueva forma o proceso de gobierno fue difundida inicialmente por organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscando con ello, transferir de manera más efectiva la ayuda a países en vías de desarrollo.
Paralelo al inicio de los primeros planteamientos de gobernanza en la región, durante las últimas décadas el papel de las administraciones gubernamentales había tendido a ser cada vez más centro de observación, de reclamos y controversias, que provenían en muchos casos de su incapacidad para responder de manera eficiente a las demandas sociales o como producto del agotamiento de los esquemas habituales de gobernar y administrar el territorio; elementos que se agudizaron ante los crecientes problemas de corrupción, escasa transparencia en el manejo de los recursos públicos y en la opacidad en la toma de las decisiones que afectan a los ciudadanos, tal como lo destaca el informe de Transparencia Internacional de 2021 donde se destacan países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras entre los primeros lugares a nivel mundial en el índice de percepción de corrupción.
Bajo esta perspectiva, las ciudades latinoamericanas se han convertido en escenarios de conflictos sociales en donde la pobreza frena el avance y el desarrollo de estas. A tal efecto, la crisis sanitaria producto de la Covid-19 en América Latina y el Caribe sigue vigente y se ha convertido en una crisis social llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, es decir, un retroceso de 27 años, de acuerdo con el Informe anual de Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 2021. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado de 81 a 86 millones.
Asimismo, La confianza de los latinoamericanos tanto en el Congreso como en el gobierno y en el poder judicial está bajo mínimos de acuerdo con estudios de la Fundación Carolina para 2021, en donde apenas un 20,8% de los ciudadanos confían en el poder legislativo, un 24,3% confían en el poder judicial y tan solo el 22,3% en el poder ejecutivo. Estas cifras vislumbran una realidad que ha sido constante desde la aparición de la democracia en la región, muy a pesar del esfuerzo que se ha visto empañado por casos importantes de corrupción y despilfarro del erario.
Con un panorama tan preocupante, en el caso de la administración pública como garante de las políticas públicas, la necesidad de cambios significativos en la forma de gobernar está originando la aparición de nuevas propuestas para promover una gobernanza que cumpla con las obligaciones gubernamentales, pero a la vez se apropie de rasgos como la inclusión, la participación, la honestidad y la cooperación que deben estar presente en cualquier modelo de gobernanza. En este sentido Uvalle (2005) señala que la administración pública debe ser incluyente, democrática y responsable, y que debe considerar al ciudadano contemporáneo desde cinco puntos de vista complementarios: el ciudadano como contribuyente, como consumidor, como cliente, como evaluador y como elector, a diferencia de décadas anteriores en donde el protagonismo del ciudadano estaba limitado a su participación en procesos electorales y el pago de impuestos.
Desde otras perspectivas, la gobernanza se refiere al proceso de dirección de la sociedad o el proceso mediante el cual la sociedad y el gobierno le dan sentido a su dirección, valores y objetivos de vida asociados, que es importante realizar, definen su capacidad de dirección, cómo se organizan y dividen el trabajo, es decir, se refiere a un nuevo enfoque en el cual el estado comparte responsabilidades cediendo parte del poder de decisión con el cual conducía las riendas de gobierno en otrora.
No obstante, a pesar de escenarios conflictivos para lograr una buena gobernanza, Rojas, Duque y Rincón (2020) coinciden en que la gobernanza implica los siguientes aspectos:
- La aceptación de procesos de cambio del Estado (shareholders) en su relacionamiento con otros actores (stakeholders)
- Reducción del Estado (de bienestar) y necesidad de “retornar” a la sociedad tareas, responsabilidades y el reconocimiento de nuevos actores, roles, responsabilidades (gobernabilidad/legitimidad)
- La transformación del rol del Estado, el cual de actor principal pasa a ser centro del relacionamiento entre todos los actores que hacen parte de la sociedad (interacciones entre gobierno, sector privado y sociedad civil)
- El Estado se considera un todo en sus interacciones y en la búsqueda de equilibrio entre ellas
- Sus principales características son la participación, la equidad, la rendición de cuentas y la eficiencia
- Para el sector de ciencia y tecnología, la gobernanza incide en temas como Innovación administrativo/gerencial (interacción Estado-ciudadanos-ONG), creación de redes y construcción de confianza
En efecto, la gobernanza no es sólo una acción de gobiernos, se trata de la articulación entre instituciones, organizaciones, comunidades y ciudadanos para la gestión, desarrollo, diseño y planificación de las ciudades y territorios. Para lograr estos objetivos, la gobernanza se vale de un conjunto de procesos, códigos, canales y mecanismos formales e informales entre actores que posibilitan el funcionamiento del territorio en cual se construye un tejido social, a la vez que se erigen plataformas y sistemas que soportan las diferentes acciones que se realizan.
Bajo estos parámetros, la gobernanza implica no sólo colaboración sino un proceso de negociación sobrentendida en donde la toma de decisiones se hace crucial para recuperar la confianza institucional. Si bien el elemento medular de la gobernanza fluye en el funcionamiento y calidad de los servicios, así como responder a las complejas demandas ciudadanas, enfrentar estas realidades requiere de mucho mas que el diseño de metodologías de gobernanza en las cuales el compromiso político y social vaya más allá de los períodos de gobierno.
Finalmente, la puesta en práctica de modelos de gobernanza o modelo de gobierno compartido infiere en la necesidad de desmontar arcaicas plataformas o estructuras política en las cuales se cimentaron muchas de las nacientes democracias en América Latina y el Caribe, dando paso a un modelo abierto, inclusivo, participativo, coherente, coordinado y sobre todo honrado en donde cada uno de los vocablos y orientaciones de la gobernanza, sean puestas en práctica. En las próximas décadas, los pronósticos mundiales y regionales presagian caídas en los ingresos, recesiones económicas y crisis sociales en las que la gobernanza será puesta a prueba. Estar preparados para afrontarlas es un deber y una tarea de todos.