ACNUR reafirmó su compromiso de apoyo a El Salvador en este proceso y aseveró que continuará dando asistencia técnica a la Asamblea Legislativa para proteger a las personas desplazadas.
Un anuncio del Gobierno de El Salvador convirtió al territorio en el séptimo país en adherirse a la iniciativa que une a actores nacionales y regionales, con el propósito de ayudar a las personas que se ven obligadas a migrar en América Central desplazadas y a las comunidades que las acogen.
“Al unirse a esta iniciativa, conocida como MIRPS, El Salvador está dando un paso importante en materia de asistencia y protección a las personas desplazadas forzadamente”, apuntó ACNUR en un comunicado emitido este viernes. Los otros países que forman parte de este Marco Integral son México, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.
Actualmente, El Salvador vive una realidad de violencia debido principalmente a las pandillas que matan, violan, extorsionan y acosan a la población, obligándola a huir en busca de seguridad.
Según los datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 46 800 salvadoreños solicitaron asilo en otros países en 2018, y al menos 71 500 se desplazaron a otros puntos del territorio nacional.
