La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), es una organización hondureña de la sociedad civil creada en 1999 con el objetivo de trabajar para una sociedad donde prevalezca la justicia, enfocándose en lograr que el sistema gubernamental funcione y sea justo para los más vulnerables.
Nació como una organización cimentada en la espiritualidad cristiana. Pero hoy es un colectivo político y ciudadano cuyo mayor interés es incidir en la agenda pública nacional con políticas en materia de justicia social y seguridad ciudadana. Ese es el foco actual de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Actualmente tiene 173 colaboradores en todo el país. De ellos, 150 están en Tegucigalpa en distintos proyectos, que van desde el seguimiento a procesos de investigación judicial, asesoría legal, control social y lucha contra la corrupción hasta programas de prevención de la violencia con niños, jóvenes y mujeres en barrios marginales.
LA Network dialogó con Luis León, Coordinador de Investigaciones de la ASJ, para entender mucho mejor el trabajo de esta organización, que entró a formar parte de la red latinoamericana en la prevención de la violencia homicida, Instinto de Vida.
¿Cómo nació la asociación y qué los motivó para su creación?
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) nació en el año 1999 bajo un concepto ciudadano de demanda legítima, una demanda estructurada, una demanda social por un país más justo, no explícitamente en su momento en temas de seguridad y justicia sino en términos generales de justicia social. Hablamos de educación, salud, la tierra y la tenencia de la misma. Para ello la asociación ha venido trabajando en un esfuerzo por incidir en la mejora de la gestión de la institucionalidad pública.
¿Y cuándo y por qué deciden enfocarse en el tema de violencia homicida?
En los últimos 7, 8 años, la ASJ ha venido empujando fuertemente el tema de un país con mayor seguridad, con mayor justicia, teniendo como fuente principal el tema de homicidios. El tema toma fuerza a través de la Alianza por la Paz y la Justicia, que es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil liderada por la Asociación. Son alrededor de 22 organizaciones en el nivel nacional que nace tras el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su mejor amigo, que fue un hecho cometido por policías. En ese momento se identifican a policías en actos de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado y es así como esta coalición de organizaciones de la sociedad civil inicia la presión social por obtener una depuración policial. De ese año para acá, la Asociación ha venido liderando este proceso de hacer una demanda y una mejora estructural al tema de seguridad y justicia, teniendo como centro de trabajo los homicidios.
¿Y cuál es el foco de ustedes en este tema?
Hay que decir que al igual que en todos los países de Latinoamérica, los conceptos básicos de criminalidad parten de la desigualdad. No hay capacidad de generar recursos, educación, salud; entonces la desigualdad social y económica es un detonante claro de la inseguridad y la violencia. Nosotros como Asociación tenemos las líneas de trabajo definidas en términos de: hacer incidencia al más alto nivel (con ministros, Fiscal General, miembros de la Corte Suprema) para proponer cambios estructurales en las políticas de seguridad. Sin embargo, el tema de la prevención, lo hacemos a través de proyectos como Paz y Justicia. Lo que hacemos es que hemos identificado las zonas más violentas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por ejemplo, en Tegucigalpa las zonas más violentas han sido Nueva Suyapa, Flor del Campo y 3 de mayo, que son colonias muy marginales. En el caso de San Pedro Sula hay una zona que aglutina muchas colonias que se denomina la Rivera Hernández. Aquí se producen según nuestros mapas de calor el 60, 70 por ciento de los homicidios, lo que ha implicado que nosotros asumamos un rol que si bien no debe ser el correcto, es el rol que como ciudadanos consideramos que es el adecuado: asumimos responsabilidades en términos de investigación, en términos de asesoría legal y en términos de acompañamiento psicológico a víctimas sobrevivientes de la criminalidad.
¿Cómo se articulan con la institucionalidad en ese trabajo?
En Honduras hay cerca de 14 mil policías, lo que te da un promedio de un policía por cada 857 habitantes, a diferencia de la recomendación de la ONU que es de 357. Tenemos un poco más de 800 fiscales y cerca de 800 jueces para una población de 8.5 millones, sin contar la desigualdad en recursos financieros. Esto pone en un escenario precario a estas entidades, en especial a la Fiscalía, que es la encargada de dirigir las investigaciones e iniciar los procesos judiciales por parte del Estado. Esto causa entonces que en Honduras no haya mucha capacidad de respuesta. Tienes una impunidad de 96 por ciento. Ello significa que 4 de cada 100 homicidios son resueltos y terminan con una condena. Los otros 96 homicidios nadie los paga. Entonces hemos iniciado un proceso inicial de fortalecer y apoyar a la institucionalidad. ¿Cómo? Hacemos inversión logística, financiera, inversión en recurso humano calificado, investigadores, que nos permitan empujar casos de judicialización de homicidios en estas zonas. Somos un enlace y puente con las instituciones y la ciudadanía. Vale señalar que en Honduras la credibilidad de las instituciones está en el piso, lo que nos obliga a tener que ir generando esa relación de confianza para que la ciudadanía pueda pensar en estas zonas donde trabajamos en generar denuncia, en generar testimonios, en generar elementos que permitan empujar procesos investigativos.
¿Podría mencionar un ejemplo de ese trabajo coordinado?
Justamente tuvimos un caso que ya tenía sentencia absolutoria a una persona que asesinó a una familia. La ASJ tomó este caso, le dio seguimiento y en un mes logramos que se cambiara la sentencia absolutoria por condenatoria y esta persona ya enfrenta cárcel. Nosotros hacemos este tipo de trabajo que permita ir reduciendo la impunidad, pero al mismo tiempo ir generando confianza en la ciudadanía.
¿Y en materia de prevención cuál es la tarea?
Tenemos trabajo de prevención con niñez y juventud a través de procesos educativos no formales, que permiten capacitación en oficios, en aprendizajes que permitan en su momento generar ingresos. Hemos incluso sembrado capital semilla que les permite a los jóvenes, al igual que a mujeres, generar micro emprendimientos que les permitan obtener recursos. También tenemos la asesoría psicológica, porque no solamente es el tema de homicidios por sí solo sino el tema de violencia doméstica intrafamiliar. Aquí proponemos cómo las mujeres pueden salir de esa violencia que sufren a través de un acompañamiento social y la liberación de la dependencia económica de un hombre.
¿Y qué resultados tangibles podría mencionar de esta suma de acciones?
En el caso de la Rivera Hernández, cuando la ASJ entró a hacer trabajo la tasa de homicidios era de 110 por 100 mil habitantes. Hoy estamos en una tasa de alrededor de un 20 por cada 100 mil habitantes. Eso indica que el esfuerzo que hemos logrado ha generado los frutos en una zona que ha sido muy vulnerable por la criminalidad.
¿Qué significa para ustedes pertenecer hoy a la red latinoamericana Instinto de vida?
Hemos asumido con mucho interés y con mucha alegría el formar parte de una campaña latinoamericana, porque el tema de homicidios es un tema fundamental para nuestro trabajo, es el día a día nuestro: lograr niveles más bajos de homicidios con el mayor combate posible a la impunidad. El poder formar parte de una red estructurada por Open Society nos da este espacio de interacción comparativa, pero a su vez un posicionamiento local bastante importante en términos del empuje de la campaña. Nosotros hemos iniciado ya un proceso de movilización ciudadana con un enfoque juvenil, ya hemos hecho un par de eventos desde el mes de marzo que nos permita posicionar esta demanda de políticas públicas orientadas a tener una reducción de homicidios, pero a su vez motive también la participación ciudadana. Nos interesa mucho que la ciudadanía forme parte del proceso para ejercer una presión social sobre el tema que no pueda ser ignorada por el gobierno.
