Más que obviedad hay sensatez en la aspiración que alienta a las comunidades de un amplio número de ciudades latinoamericanas en promover territorios más humanos y solidarios. Esa debe ser la primera tarea de una urbe que aspire ser “Smart” o inteligente.
Es comprensible que un territorio que desee acceder al grado de «Smart City», lo distinga la lucha tenaz por mejorar las condiciones básicas de las comunidades. Esto es, mejores niveles en educación, salud, vivienda, seguridad, empleo, servicios, espacio público, infraestructura de transporte, conectividad, gobernanza participativa y, lo que resulta crucial en el mundo actual, una gestión eficiente de los recursos naturales.
Pero si ello no enfoca a la persona en el eje articulador y no sitúa como prioridad las urgencias provenientes de la vulnerabilidad social (para la niñez, la juventud, las mujeres, las minorías), el intento corre el riesgo de ser fallido y de poco o nada valdrá el destello de infraestructuras, telecomunicaciones, transporte, equipamiento público, en el marco de una gestión presumiblemente eficiente.
Hoy vale la pena recordar las reflexiones compartidas en “Smart City Expo Puebla” (2016), que reiteraron que si en la actualidad el 54% de la población mundial vive en zonas urbanas (cifra que se incrementará al 60% en 2030), en tanto que en América Latina la población concentrada en urbes es del 81%, cada vez el compromiso de los gobiernos y de la sociedad civil debe estar del lado de “un futuro más sustentable, más sano, generador de riqueza y sobre todo más equitativo en las ciudades”.
Dicho encuentro será recordado porque en el ámbito de la patrimonial ciudad de Puebla se avanzó en el trazo de los linderos de la ciudad inteligente al servicio de las personas.
Centrada en la equidad social, la “Smart City” debe dilucidar “las claves necesarias para orientar las políticas urbanas hacia el derecho a la ciudad y pensar en un modelo urbano para las personas”.
En este marco de consideraciones se reclama, entonces, que “una ciudad inteligente no se trata solo de una ciudad eficiente y sostenible que está a la vanguardia de la tecnología”, tal como lo hizo explícito allí Luiza Carvalho, la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, quien considera que una “Smart City” debe enfocarse con prioridad en los derechos humanos de la población.
Enrique Cabrero Mendoza, en nombre del gobierno de la República de México, orientó la discusión en torno a que en las ciudades del conocimiento confluyan ideas, talento, actividades económicas y procesos de innovación. “El conocimiento y la información son los ejes estructuradores de la vida social y productiva” y “la producción, distribución y uso del conocimiento es esencial para determinar la productividad y la competitividad de la economía”, concluyó.
Javier Sánchez Díaz de Rivera, director del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana de Puebla (entidad que alberga el Fab Lab Puebla: red mundial de laboratorios de manufactura digital auspiciados por el MIT), planteó la perspectiva de arraigar capital al territorio y a la población de la ciudad, producir localmente con conocimiento global y fortalecer el trabajo distinguiéndolo del empleo. En tal sentido llamó la atención de que crecimiento económico no necesariamente implica más y mejor empleo, como tampoco que inversión extranjera implique capitalización local y menos capitalización de la población.
“La invitación para las ciudades inteligentes y equitativas –afirma Sánchez Díaz de Rivera– es explorar otra mirada al desarrollo económico-urbano-social; suscitar el diálogo permanente entre actores; invertir por las instancias públicas en el horizonte tecnológico y de innovación en las ciudades y universidades; y trascender los tiempos políticos”.
Para ello se requiere que universidades y empresas apoyen la generación de empresas de economía social, la generación y distribución de tecnología e innovación, la continuidad a los procesos urbanos y planes maestros, arraigar capital y talento, y generar trabajo, no empleo.
Por su parte, la ciudad, en apoyo de la alianza universidad-empresa debe proveer planes maestros normativos y efectivos, continuidad en los procesos, presupuesto participativo y apoyo efectivo a las empresas de economía social.
Al aludir en Puebla al proceso de urbanización “significativo y rápido” de América Latina, y, por consiguiente, al incremento de la inclusión social y económica, la seguridad y la sostenibilidad, como retos inaplazables, dijo que se requieren de igual manera políticas de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres y las niñas, puesto que, según puntualizó, una ciudad no puede ser inteligente cuando la mitad de su población vive en inseguridad y con el riesgo de padecer acoso y violencia sexual cotidianamente, cuando no puede gozar plenamente de sus derechos de movilidad, o de la capacidad de estudiar, trabajar y participar plenamente en la vida pública, o de acceder a los servicios esenciales o de disfrutar de oportunidades culturales y de ocio .
Esta amalgama de situaciones inocultables se erige en un reto para las ciudades en todo el mundo, aunque es evidente que “las mujeres deben ser –pero aún no lo son– parte central de las decisiones en las ciudades” porque “el cambio está ocurriendo, pero necesitamos acelerar el ritmo”.
En términos prácticos, las ciudades inteligentes deben “adaptar su gestión a una realidad cada vez más compleja y a una ciudadanía cada vez más participativa”, teniendo como base de sustentación los “ejemplos prácticos de ciudades que han modificado sus formas de gestión pública, abrazando el espíritu de la innovación abierta y creando nuevas formas abiertas de colaboración, tanto a nivel administrativo, como a nivel social”.
