Aunque los homicidios han disminuido en las principales ciudades de Honduras gracias a una política frontal contra el crimen, la percepción de seguridad ciudadana sigue siendo precaria. La presencia de las maras, mezcladas con los intereses que genera el tráfico de drogas, se convierte en una amenaza permanente para la institucionalidad. A ello hay que sumar una impunidad cercana al 96 por ciento.
En 2014 Honduras fue catalogado como el país más violento del mundo por sus altas tasas de criminalidad. Ya antes había logrado el deshonroso “privilegio” de tener la ciudad más violenta del planeta: San Pedro Sula. Y aunque las cosas han venido cambiando y las estadísticas de seguridad han mejorado, aún hay mucho camino por recorrer para alcanzar los niveles óptimos de seguridad y convivencia ciudadana.
Inicialmente hay que decir que la ciudad más violenta de Honduras sigue siendo San Pedro Sula con una tasa de homicidios de 112.09 por 100 mil habitantes en 2016 (según la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz). Le sigue el Distrito Central (que incluye a la capital Tegucigalpa), con una tasa de 85.09 por 100 mil habitantes. Entre las dos ciudades producen entre el 40 y el 45 por ciento de los homicidios en el nivel nacional.
Para explicar parte de esta violencia es necesario señalar que Honduras, por su posición geográfica, ha sido un centro histórico del tráfico de drogas desde Suramérica hacia Estados Unidos. Y a ello hay que sumarle el problema de buena parte de los países centroamericanos: las maras o pandillas.
Las maras surgieron con mayor fuerza luego de la emisión de una legislación en Estados Unidos que llevó a las deportaciones masivas de convictos a sus países de origen. Estas deportaciones para Honduras fueron en su mayoría de dos grupos: la Mara Salvatrucha y la Pandilla Barrio 18. Fueron ellas a partir del año 2000 las que iniciaron una guerra sin cuartel por el territorio y todos los productos delictivos derivados de su control.
“Las maras fueron convirtiéndose en fuentes que generan recursos a través del narcotráfico y las extorsiones, que es el principal problema que enfrentan las ciudades. En el caso de San Pedro Sula el tema maras y narcotráfico es más fuerte en función de que es una ciudad industrial y cercana de toda esta zona por donde pasa la droga que viene de América del Sur. Tegucigalpa tiene el problema de maras pero no al mismo nivel que la ciudad de San Pedro. Sin embargo, el tema de extorsiones, asaltos, lo que llamamos criminalidad común es un detonante grave”, explica Luis León, Coordinador de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Hasta el año 2012 Honduras mostraba una tasa nacional de 85.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es en ese momento que el Estado inicia una política de lucha frontal contra la criminalidad que ha requerido una inversión amplia de recursos materiales, humanos y financieros y que en los últimos dos años se ha visto expresada en la extradición de unos 12 narcotraficantes a pedido de Estados Unidos.
Sin duda, medidas de choque como estas, acompañadas de programas y proyectos de las organizaciones civiles y otros incluso financiados por el gobierno estadounidense a través de USAID, han permitido disminuir los homicidios.
“Sí se ha logrado un control en términos de la estadística pura y se ha bajado de 85.5 a 59.5 homicidios por 100 mil habitantes a finales de 2016, estamos hablando de casi unos 30 puntos”, admite León.
Eso sí, este esfuerzo no refleja aún la necesidad de seguridad que la sociedad pueda tener, ya que en opinión de los expertos, la estadística que Honduras produce va muy separada de la percepción de seguridad ciudadana y además se evidencia un ligero estancamiento en la política de seguridad.
“A 2015 tú cierras con una tasa de 60 (homicidios por 100 mil habitantes) luego de estar en 85.5 en 2012, pero a 2016 ya cierras con 59 para darte una cifra más exacta. Esa reducción refleja que la política pública de seguridad que el Estado ha implementado ya no tiene la efectividad que vino teniendo los dos, tres años anteriores.”, argumenta el investigador de la ASJ.
Lo que indica esto es la imperiosa necesidad de trabajar con mayor fuerza temas de prevención, temas de combate a las necesidades ciudadanas, sin descuidar la lucha contra el crimen, que, según León, se enfrenta a una compleja realidad: “la criminalidad en estas ciudades, en ciertos momentos, se encuentra más fortalecida que la misma Policía Nacional, con mejores vehículos, con armas más modernas, cosa que limita el combate”
