Para este economista colombiano, autoridad mundial en el tema de drogas, las convenciones internacionales actuales y una fuerte corriente de gobiernos autoritarios no permiten pensar en la legalización de las drogas. Para él, la ruta correcta está en abordar el problema desde la perspectiva de salud social y comprendiendo que en el escenario actual no es posible hablar de políticas de drogas independientes de las políticas de desarrollo sostenible. LA Network dialogó con Thoumi.
Francisco Thoumi es doctor en economía de la Universidad de Minnesota. Pero más que eso, es una de las mayores autoridades académicas en el tema de drogas en el mundo. Fue autor del primer libro de economía política del narcotráfico y la voz más reputada frente a la legalización de las drogas. Actualmente es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas y del Comité de Asesores Científicos del Informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas. LA Network dialogó con él para comprender hacia dónde va el mundo con la política antidroga y cómo observa a Latinoamérica en ese escenario. Vale mencionar que según el Informe Mundial de Drogas 2017, cerca de 250 millones de personas consumieron drogas en 2015. De éstas, alrededor de 29,5 millones (el 0,6% de la población adulta a nivel global), tienen un uso problemático y sufren de trastornos relacionados con ese consumo, incluida la dependencia.
London School of Economics presentó un informe en 2016 sobre drogas cuya conclusión es que la guerra contra estas ha sido una “costosa equivocación”. Pero señalaba además una cosa muy interesante por donde quisiéramos empezar este diálogo con usted: sugiere que esta guerra se podría reemplazar por los objetivos de desarrollo sostenible ODS ¿Cómo observa usted esa postura alrededor del desarrollo sostenible y cómo ello podría cambiar la lógica?
Ese estudio fue hace dos años. El año pasado hubo otro también coordinado por John Collins y ahí yo contribuí con un capítulo. En general, la posición de las Naciones Unidas hoy, la posición de la Junta donde yo soy miembro es bastante clara: para cumplir con las convenciones no se requiere tener una guerra contra las drogas. Es también claro que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos. Además, que las sanciones deben ser proporcionales a la magnitud del delito, que de acuerdo con las normas de las convenciones no se requiere penalizar a los consumidores. Eso no significa que se los descriminalice en el sentido de que el consumidor para obtener la droga -que es ilegal-, viola la ley, pero claramente no se requiere penalizar. Y más aún que como se requiere proporcionalidad en las sanciones, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito claramente se oponen por ejemplo a la pena de muerte, porque hoy obviamente en China, Singapur, Irán, Filipinas, tienen un programa punitivo horrendo. En resumen, esa es la posición a donde se ha llegado, es una evolución de las posiciones de las Naciones Unidas que durante mucho tiempo fueron mucho más duras.
¿Y lo de reemplazar el modelo de lucha por la aplicación de los ODS?
Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, hasta ahora se está empezando a trabajar en eso. Mi posición, en lo que yo estoy actualmente trabajando, básicamente es que las políticas de drogas no pueden ser independientes, es decir, el gobierno no puede tener una política de drogas que no hace parte de todas las políticas de desarrollo social del país. Que no es posible hablar de políticas de drogas independientes de las políticas de desarrollo sostenible, lo cual implica tratar de modificar sustancialmente algunas de las políticas. Por ejemplo: algo que estoy trabajando actualmente es que las políticas de drogas se supone que deben promover la salud. Es muy interesante porque las convenciones de drogas no definen qué es salud y tampoco definen cuáles son los usos médicos y científicos de las drogas. Sin embargo, la definición que la Junta tiene que aceptar sobre salud es la definición de la Organización Mundial de la Salud y esta es una definición que considera que la salud tiene tres dimensiones: salud física, salud mental y salud social. La parte social no está suficientemente clara y es muy difícil lograr una clarificación a nivel internacional porque, por ejemplo, el concepto de derechos humanos varía muchísimo entre los países. En sociedades liberales como Estados Unidos, Colombia y algunas otras sociedades de América Latina, el derecho humano es un derecho individual. En otras sociedades, como en la China, en la India, los derechos humanos son comunitarios, no son individuales, lo que complica tener una sola definición porque no se puede llegar a un acuerdo. Sin embargo, lo que sí es claro es que independientemente de cómo definas las tres variables que forman la salud, si lo que se busca es maximizar la salud, hay que invertir recursos. Esto implica que hasta el último peso gastado en salud física, en salud mental o en salud social debe contribuir lo mismo a esa salud general, aunque el gasto en salud social puede ser más integral.
¿Cuáles son los elementos de esa salud social?
Hay que definirlo dentro de cada cultura y dentro de cada país porque si no, no hay forma de hacerlo; pero lo que es importante es entender que la simple restricción no es la política adecuada cuando uno tiene salud física, mental y social. Por ejemplo, la salud social tiene que ver con corrupción, con violencia, con desigualdad, con exclusión social y con consumo de drogas.
¿El consumo es mirado entonces como un síntoma?
Y la producción también, es decir, la producción refleja los problemas de salud social, de cómo la sociedad no ha dado otras opciones. Entonces esa complejidad es la que hay que tener en cuenta al formular las políticas, eso hace que no sea posible tener una política única que se les aplique a todos los países del mundo y que es necesario que los países mismos decidan cómo controlar los usos de las drogas en su país. El problema que vamos a enfrentar, es que mientras los países pueden hacer eso en relación con el consumo, no va a ser posible en relación con la producción para exportación.
¿Y cuál es el consenso sobre esto último?
El consenso que hay global es que cada país puede decidir qué se puede consumir en ese país pero los demás países no tienen el derecho a inundarles los mercados con contrabando, ese es el dilema que tiene Colombia. Yo en la Junta, por ejemplo, he argumentado: “Por qué no le mandamos al Gobierno colombiano una carta diciendo: miren, señores, si ustedes legalizan la cocaína para consumo interno y la dejan libre, eso es problema de ustedes, pueden hacerlo, no les vamos a armar lío”. Pero el Gobierno no va a aceptar eso. “No, no, lo que nosotros queremos es que los demás legalicen”, dirá el Gobierno. Ese es el dilema que enfrenta Colombia, y eso surge precisamente de la falta de gobernabilidad que tiene el país, que surge de una falta de consenso sobre cuáles deben ser las leyes y sobre la legitimidad misma del Gobierno.
Decía usted en una entrevista que en Colombia más que un asunto de oferta y demanda, lo que hay es un asunto de ilegalidad, ¿a qué se refiere con eso?
Sin duda, es que es muy fácil. Si en el mundo se declara algo ilegal, que es fácil de producir y su producción se concentra en algún sitio, eso tiene que concentrarse en un sitio donde sea muy fácil producir cosas ilegales. Es decir, lo que permitió que Colombia concentrara la producción mundial de cocaína no es que Colombia tuviera un monopolio sobre la materia prima necesaria para producir la cocaína, no era el único, al contrario, la cocaína crece y ha crecido en muchos países del mundo: en Perú, Bolivia, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, el sur de la India, Taiwán, es decir, en todo el trópico húmedo se da. Y sin embargo, esa producción se concentró en Colombia, porque la “ventaja” que tenía Colombia se fundamentaba en dos factores básicos: los problemas de gobernabilidad que tiene el Estado, que surge de la falta de legitimidad dentro de muchos grupos de la sociedad y la falta de control territorial, esas son debilidades profundas de la sociedad colombiana.
Colombia dice que el país pone los muertos mientras los otros países, como EE.UU., no asumen la corresponsabilidad…
Hace años yo argumenté que desafortunadamente lo que teníamos entre Estados Unidos y Colombia era un matrimonio hecho en el infierno, porque las debilidades de una sociedad se complementaban perfectamente con las debilidades de la otra y ambos lados se acusan. En Estados Unidos dicen “es que nos están invadiendo con drogas” y en Colombia “es que la culpa es de la demanda”. Un drama fundamental es que si se presenta el problema en esos términos la solución la da el poder y cuando tú tienes un desequilibrio en poder tan grande, el más chico pierde. Quiero decir con esto que Colombia no puede darse el lujo de decirle al mundo: “la culpa de que nos matemos es que ustedes consumen droga”. El mundo mira a Colombia y dice: “bueno, está bien, sigan matándose”.
¿Para usted entonces a Colombia le ha faltado asumir realmente el problema?
Tenemos que generar una conciencia de que, como colombianos, ese es nuestro problema. El enfoque tiene que cambiar y empezar a decir: “señores, miren, la producción sí crea problemas para los consumidores, es decir, la adicción a las drogas si es un problema que se percibe como algo muy grave socialmente, es posible que se exagere, es posible que en algunas sociedades se perciba como más grave que en otras, todo eso es cierto, pero argumentar que eso es injusto y que entonces yo no puedo hacer nada, eso es hacernos harakiri.
Hoy un buen número de países latinoamericanos se han convertido en consumidores y tienen debilidades institucionales similares a Colombia, por ejemplo México o países de Centroamérica ¿qué análisis hace sobre ese contexto latinoamericano?
No todos los países tienen las mismas debilidades. Usted ve por ejemplo a Bolivia: cuando había narcotraficantes allá no se generó la violencia tan grande, para nada. En una entrevista con el presidente Evo Morales, él me decía: “mire, profesor, es que usted no entiende la gravedad del asunto, es que el año pasado en el Chapare murieron cuatro campesinos por violencia de drogas.” Yo lo único que pude decirle fue: “Evo, no sabes cómo te envidio” y le di un abrazo porque no tiene nada que ver, porque ahí básicamente las comunidades indígenas tienen un control social muy fuerte y ellos saben que la solución de los conflictos no es a la brava.
Pero por ejemplo lo de Argentina con la fuerte presencia de traficantes colombianos o México…
No, yo estuve en Argentina el año pasado y sí hay problemas, pero los niveles de violencia son mucho más bajos que en Colombia. En México, el nivel de violencia en algunas zonas ha sido muy alto, eso es cierto, pero la tasa de homicidios de México siempre ha sido bastante más baja que la de Colombia, excepto tal vez en el último año que son parecidos, pero hace 10 años Colombia estaba feliz porque la tasa había bajado de 70 a 40 y México estaba preocupadísimo porque había subido de 10 a 15. Hay que decir que México es un país muy semejante a Colombia porque hubo un mestizaje muy fuerte, muy rápido, la mayoría de las comunidades indígenas desaparecieron y en ese sentido son muy parecidos; en Perú, Bolivia y Ecuador eso no pasó y ahí hay mucha menos violencia. Centroamérica también padece el mismo problema de violencia y allí fue una sociedad mucho menos liberal que la colombiana en donde por mucho tiempo todos los gobiernos eran autoritarios. En el Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras-, la violencia es muy alta. Belice tiene menos violencia, pero en un centro de narcotráfico y tiene tradición anglosajona. Nicaragua, que es muy cercano, tiene mucho más control simplemente como herencia del experimento socialista donde de entrada se acabó con el ejército, es decir, la revolución acabó con las fuerzas armadas y con la policía y generó un sentido de nación mucho más fuerte que en Colombia.
¿Pero entonces en esos países que mencionó: México, el Triángulo Norte, el tema de debilidad institucional es evidente?
Claro que sí. En México yo he trabajado ese tema, de hecho he publicado sobre la historia de México y el caso mexicano es muy similar al colombiano: periodos de violencia políticas muy fuertes en el Siglo XX en diferentes etapas, México hacia la primera mitad y Colombia hacia la primera mitad. En México se solucionó con una especie de Frente Nacional que fue el PRI, partido único que estuvo en el poder por 70 años. Había un problema en México de control territorial también porque el estado era muy débil y no tenía los recursos, aunque era más fácil controlar el territorio y la solución básica fue permitir los cultivos ilegales, porque México ha sido el primer exportador de coca y de heroína para Estados Unidos en más de 100 años. Permitir eso siempre y cuando estuviera controlado, entonces, la forma como eso se manejó fue que las estructuras criminales en efecto eran franquicias de las policías locales. México tiene más de 2.200 policías locales distintas, cada estado tiene diferentes policías y cada municipio tiene su policía, eso funcionó bien, es decir, básicamente la forma en que se mantuvo fue institucionalizando la corrupción, la mordida que se le pagaba al policía en la calle que tenía que subir hasta el sargento y llegaba hasta arriba. Eso funcionó hasta que el PRI perdió el control político. A partir de mediados de los 90 se empezó a perder el control y al perder el control y al intentar establecer instituciones democráticas entonces empezó a surgir la competencia entre los diferentes grupos organizados y de ahí surge la violencia.
¿Deducimos como conclusión de sus reflexiones que la legalización no será el camino para solucionar el tema de las drogas?
Sí, el mundo no va a legalizar las drogas, eso está claro, y más aún si supongamos que, las Naciones Unidas dicen que “está bien legalizar las drogas”. Después de que se hiciera eso tocar ir y negociar con cada país para que deje de importar. Hoy en día el líder prohibicionista es Rusia y son tan duros por ejemplo que han tenido el mayor índice en el mundo de trasmisión de VIH con jeringa, porque ellos se han opuesto hasta el año pasado y solo hasta ahora están empezando a tolerar la distribución de agujas.
¿Contra la legalización también hay implícitas posturas religiosas e ideológicas?
Más que eso, es que todos los países con tradición autoritaria en el mundo son horriblemente prohibicionistas y eso representa la mayoría de los ciudadanos del mundo; es decir, la prohibición a las drogas es una política que se considera muy adecuada en gobiernos autoritarios, porque solamente en gobiernos liberales, se valora la libertad individual.
¿Pero, entonces, volviendo al inicio de esta conversación, y siendo un poco reduccionista, el tema de la salud social es clave para tener un enfoque distinto con el tema de la droga?
Sí, eso es claro, pero fíjate que el problema de Colombia fundamentalmente no ha sido el consumo, recientemente ha aumentado el consumo y empieza a ser problema, pero es que el problema fundamental es la exportación de la cocaína, es decir, cuando alguien dice, como he visto decir a algunos pensadores en Colombia: “el Gobierno colombiano debe liderar una cruzada mundial para legalizar la cocaína”, eso está bien, pero esa afirmación supone implícitamente que eso es más fácil a que el Gobierno lidere una cruzada interna para no producir cocaína.
¿Y en esa perspectiva usted qué camino ve?
Mira, hoy en día con lo que he visto por ejemplo en Medellín en las comunas, lo que he visto en Bogotá en muchos sitios es que la gente joven ya se da cuenta de que hay que cambiar, es decir, francamente la herencia que les estamos dejando o que le hemos dejado a los jóvenes de este país es un desastre. Para mí esa es la esperanza y lo que yo veo acá es que sí hay mucho movimiento social que va en esa dirección, porque para poder acabar con el problema de las drogas necesitamos generar empatía pero es empatía mutua, no es de arriba hacia abajo, eso es caridad; se necesita es igualar, tener una empatía de manera que los de abajo sientan que son tan ciudadanos como los de arriba, que compartimos una nación, que debemos tener una gran cohesión social, debemos tener responsabilidad el uno hacia el otro, es decir, que somos colombianos que tenemos algo más que la selección de fútbol que nos une. Es decir, Colombia no ha generado nación en más de 200 años de independencia, no hemos podido generar una nación.
