Muchos han sido los espacios de reflexión y participación en los asuntos públicos que han venido generándose a partir de la consolidación de la democracia en América Latina y el Caribe. Estas propuestas se han originado en parte a iniciativas promovidas por los gobiernos, la sociedad civil o por organizaciones no gubernamentales que buscan afianzar el modelo de gobernanza, control y rendición de cuentas que caracteriza la sociedad global de comienzos del siglo XXI. Es innegable el relevante protagonismo que infiere la creación y consolidación de los mecanismos y espacios de participación ciudadana, más aun cuando aún persisten en la región, vicios y costumbres arraigados en modelos políticos en donde la corrupción, la ineficiencia y la ausencia de transparencia, conllevan a incrementar la desconfianza hacia las instituciones públicas.
Si bien la desconfianza hacia quienes tienen por deber velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas está presente en todos los escenarios, la complejidad que caracteriza los diversos movimientos sociales, la aparición de las redes sociales, los problemas medioambientales y llegada de la COVID-19, está poniendo a prueba la capacidad de organización que tenemos como sociedad, pero también, nuestro nivel de responsabilidad con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ante la mirada inerte e indiferente de gran parte de la población latinoamericana.
Para ello, es menester recordar un vocablo que normalmente evocamos cuando percibimos la violación de uno de nuestros derechos humanos y constitucionales como lo es “La ciudadanía”, el cual aparece como un atributo predefinido e inamovible que debemos defender, pero que también debemos ejercer de manera constructiva y participativa. Es acá donde debemos reflexionar sobre la importancia de participar activamente como uno de los mecanismo para construir ciudadanía y así refrendar el modelo democrático que tanto sacrificio ha costado en vidas humanas y recursos.
En un estudio publicado a comienzos de 2016 por el Banco de Desarrollo de América Latina en varias ciudades capitales de América Latina y el Caribe, los resultados expuestos denotaron el desinterés en participar activamente en asuntos no electorales. De acuerdo a la Encuesta, el principal motivo de los ciudadanos en Bogotá (Colombia) para no efectuar reclamos ante problemas con la provisión de servicios públicos es que no creen que los reclamos sirvan. En segundo lugar, afirman no tener tiempo y en tercero, desconocen dónde se realizan los reclamos. Otros datos relevantes son las ciudades de La Paz (Bolivia) y Quito (Ecuador) en donde mas del 40% de los encuestados manifestaron no tener tiempo los reclamos, aspecto este recurrente en otras ciudades latinoamericana y que refleja el poco interés en participar de manera efectiva.
Por otra parte, en la página de la Función Pública del gobierno colombiano, se refleja un estudio de 2019 en el cual el 68,4% conoce al menos 1 mecanismo de participación ciudadana, el 53,3% conoce al menos 1 espacio de participación ciudadana, pero apenas el 35,6% de los colombianos creen que estos mecanismos y espacios de participación ciudadana sirven, es decir, el nivel de confianza es bajo y requiere de acciones para generar mayor confianza.
Ahora bien, a comienzos de 2020, meses antes de la aparición de la pandemia, se realizó en Perú una encuesta de presupuesto abierto en la cual “El Perú ha alcanzado un puntaje de 76 sobre 100 puntos en los indicadores de transparencia presupuestaria”. Sin embargo, la participación pública en el presupuesto apenas alcanza 26 puntos sobre 100, siendo este un resultado desalentador para los objetivos que expone la idea del gobierno abierto.
En efecto, a pesar de la creación de mecanismos y generación de espacios de participación ciudadana, los ciudadanos continúan impasibles. Al mismo tiempo que la pandemia impulsaba a los gobierno a decretar medidas de resguardo, distanciamiento y control de la circulación, las redes sociales y la tecnología se convirtieron en un espacio y un mecanismo ideal para emitir su opinión acerca de la gestión que se estaba ejecutando para reducir el impacto del virus. Sin embargo, este aspecto no se incrementó en este caso. En estudio realizado por el Instituto Electoral de la ciudad de México D.F. a finales de 2020, en la consulta popular para elegir el órgano de representación popular para la elaboración del presupuesto participativo, la participación ciudadana fue de apenas 5,6%, muy inferior al 12,3% que se logró en 2012, siendo ejecutado este proceso de manera virtual ante las medidas sanitarias tomadas.
En resumen, las cifras y experiencias de la participación ciudadana en América Latina y el Caribe son desalentadoras, razón por la cual lograr niveles óptimos de participación ciudadana, se convierte en un gran reto para los gobiernos en todas las instancias. Tal vez conocer detenidamente los obstáculos que están frenando la participación e integración efectiva de los ciudadanos en temas no electorales, deba ser la primera tarea pendiente por ejecutar. Entender que se han creado mecanismos y espacios de participación ciudadana es loable en muchos países, pero, aun así, los ciudadanos se muestran apáticos y desinteresados en los asuntos que impactan directamente en su quehacer diario como ciudadano. Esta reflexión conlleva a coordinar otras iniciativas que pueden diseñarse y ejecutarse desde la educación en todos los niveles y procesos, esfuerzo este que debe iniciarse desde la niñez, a fin de crear valores y principios de respeto y participación ciudadana.
