Mientras Uber ofrece servicios de transporte público de pasajeros y cobra por ellos sin autorización de las autoridades del Estado, los anfitriones inscritos en Airbnb no están registrados ante la Dian, por lo tanto no facturan con IVA ni pagan el 8 % de impuesto al consumo, lo cual deteriora las finanzas públicas.
Por: Jairo Orlando Villabona, docente, Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Colombia / Andrés Pachón, magíster en Derecho Público – Universidad Santo Tomás
En su libro Lo tuyo es mío. Contra la economía colaborativa, el investigador canadiense Tom Slee controvierte la idea sobre esta tendencia, que utiliza las nuevas tecnologías para realizar interacciones, a veces comerciales, en las que el ciudadano del común se puede convertir de repente en un emprendedor; tal es el caso de Uber o Airbnb.
El experto Slee señala que aunque se difunde como una forma alternativa a la economía convencional, la economía colaborativa aplica duras prácticas del libre mercado sobre áreas de nuestras vidas previamente protegidas, y les ofrece la oportunidad a unas pocas personas de enriquecerse perjudicando a su comunidad y empujando a individuos vulnerables a asumir riesgos insostenibles.
Uber e Airbnb creen que sus innovaciones dejan obsoletas las normativas existentes y que su tecnología puede resolver mejor, y con un aire más informal, los problemas que las regulaciones municipales deberían haber solucionado. Además, cautivan a los incautos con mensajes populistas como “¡Uber salva vidas al reducir el número de conductores borrachos!” o “Airbnb acerca a personas con diferentes estilos de vida”.
Jayati Ghosh, investigadora del Centro de Estudios Económicos y Planificación de la Universidad Jawaharlal Nehru, en Nueva Delhi (India), llama la atención acerca de cómo la tecnología disruptiva genera cambios en la organización y la producción. Por ejemplo, “Uber o Airbnb están desplazando la relación entre el empleador y el trabajador con un supuesto discurso de trabajo independiente que escapa de las leyes laborales. Este tipo de tecnología está facilitando una reversión hacia prácticas que existieron en el siglo XIX, cuando la relación empleador-trabajador no estaba regulada”.
Negocios no regulados
Con respecto a Airbnb (AirBed & Breakfast), un estudio de la Universidad de Boston concluyó en 2014 que por cada aumento del 1 % de la oferta de la app en una ciudad, los hoteles pierden un 0,05 % de sus ingresos. Aunque parezca una cifra baja, es preocupante puesto que el ritmo de crecimiento de la compañía fundada en 2008 en Estados Unidos es muy rápido. En la actualidad, ofrece casi 2 millones de lugares para alojarse en 34.000 ciudades de 190 países.
Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), ha manifestado que la hotelería nacional debe cumplir con costos como facturar con IVA y pagar el 8 % de impuesto al consumo, mientras los anfitriones inscritos en Airbnb no lo hacen, pues no están registrados ante la Dian. Por eso quieren plantearle al Gobierno que comprometa a las personas que se anuncien en la plataforma a cumplir con las normas colombianas.
De otra parte, Uber perdió en Londres una demanda de empleo que, de ratificarse, obligaría a la multinacional a dejar de tratar a los conductores como trabajadores independientes. El abogado británico Jolyon Maugham calcula que cada mes dicha empresa le debería a la seguridad social unos 48 mil millones de pesos (13 millones de libras), si se asume que los 40 mil conductores inscritos en el Reino Unido ganen una media de 600 libras esterlinas a la semana (unos 2.300.000 pesos).
Así mismo, la Oficina de Impuestos de Australia les ha pedido a los bancos que proporcionen los nombres, números de cuentas, fechas y cantidades de pagos recibidos entre 2016 y 2017 por cerca de 60 mil conductores (contribuyentes) de Uber; de esta manera, aseguraría el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La estrategia fiscal de estas empresas es no pagar impuestos, o hacerlo sobre lo mínimo, lo que deteriora las finanzas públicas de los países donde operan; la casa matriz de Uber está ubicada en paraísos fiscales o lugares con baja tributación.
Sin permisos
Mientras en otras latitudes se ha prohibido Uber para proteger el Estado de derecho, en Colombia la empresa se ha mostrado como un regalo caído del cielo: tarifas más económicas en comparación con las de los taxis, automóviles limpios y de alta gama, conductores amables que no preguntan por los destinos, y pagos electrónicos sencillos. Sin embargo, su modelo de negocio se basa en violar la ley.
Las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y el decreto 348 de 2015 señalan que toda persona natural o jurídica, privada o pública, que ofrezca servicios de transporte público de pasajeros en cualquier modalidad debe contar con autorización previa del Estado, y las tarifas deben ser determinadas por las autoridades de Tránsito, permisos con los que no cumple Uber.
Así mismo, mediante la resolución 40313 de agosto de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transportes sancionó a Uber Colombia SAS y la conminó a cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte; sin embargo se sigue burlando del Estado de derecho. De igual manera, el artículo 425 del Código Penal establece que “el particular, que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años”.
Un tema relevante de análisis se relaciona con el hecho de que para la mayoría de los propietarios de taxi su patrimonio está representado en su vehículo, y el cupo (licencia) es la parte más representativa del valor, un intangible que como cualquier otro se negocia de manera legal, como se hace con las franquicias.
Detrimento patrimonial
Los propietarios de taxis adquirieron sus vehículos porque estos constituyen una inversión que, como cualquiera otra, se valoriza o se deprecia. Sin embargo la operación ilegal de Uber está ocasionando un detrimento patrimonial; por ejemplo en Bogotá, donde circulan alrededor de 54 mil de sus automóviles, en 2016 un taxi Hyundai 2009 tenía un valor de 110 millones de pesos, mientras que hoy en día este es de 90 millones de pesos.
Los cupos de taxi se establecieron mediante estudios técnicos de acuerdo con las normas del Ministerio de Transporte, según el número de vehículos; por tanto, es inaceptable que una empresa privada determine y autorice la cantidad de vehículos de servicio público que ruedan por las calles del país, para su propio beneficio.
Es importante conocer qué actividades han adelantado la Dian y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales para determinar los impuestos y contribuciones sociales que debe pagar Uber en una actividad declarada ilegal, y, además, porqué razón los bancos son copartícipes de dicha ilegalidad, pues a través de ellos se realizan los pagos de las carreras.
Aunque el uso de plataformas no es ilegal, sí lo es el hecho de promover actividades ilegales; peor cuando participan y se lucran de la actividad. Permitir la operación de Uber en Colombia es como si cualquier persona o empresa creara una plataforma para asignar cupos para la operación de transporte de carga en el país, o que los celulares hurtados se vendieran a través de una plataforma.
Ante la tolerancia de altos funcionarios locales, regionales y nacionales resulta imperativo conminar a las autoridades judiciales para que condenen solidaria e ilimitadamente a los accionistas y administradores de la sociedad Uber Colombia SAS, por los daños y perjuicios que están ocasionando a la sociedad en general y a los competidores en particular.
*Artículo publicado originalmente en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia
